El país ha conocido la lamentable discriminación sufrida por Johana Cortez en dependencias de los Tribunales de Justicia de Arica. Ella fue desalojada de la sala de audiencias, por el simple y natural acto de amamantar a su bebé en periodo de lactancia. Es decir, una institución del Estado que debiera garantizar derechos y ponderar entre todos ellos “opta” por privilegiar la cultura de la sanción y la objetivación del cuerpo femenino por sobre el derecho/deber de la madre de alimentar a su hijo; por qué no decirlo, se incurre también en una discriminación de género y también de clase. Incluso, yendo más allá, una institución del Estado “opta” por vulnerar derechos de la infancia generados en acuerdo de Naciones Unidas en 1989, y ratificados por el Estado chileno en 1990. A saber, a lo menos, tribunales de Arica vulneró los siguientes:
- La vida, el desarrollo, la participación y la protección.
- Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos.
- Crecer sanos física, mental y espiritualmente.
- Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras autoridades.
Nosotras, como Comunidad de la Leche, dedicadas a promover la lactancia como derecho y la crianza respetuosa, empatizamos con Johana, y rechazamos desde ya discriminaciones arbitrarias como esta, sobre todo en instituciones públicas. Además, declaramos un fuerte NUNCA MÁS, para que ninguna mujer, indistintamente de su condición social, religión, identidad sexual, etnia o nacionalidad, ni ninguna de sus particularidades personales vuelva a ser tratada de dicha manera. Que el caso de Johana sea ejemplificador del cómo no proceder.
Conocemos en profundidad los beneficios de la leche materna, siendo este el alimento más seguro y completo para los lactantes. Además, estudios demuestran que la práctica de la lactancia materna podría disminuir 800.000 muertes de bebés cada año, y que a práctica del amamantamiento evitaría alrededor de 20.000 muertes por cáncer de mamas cada año a nivel mundial. Es decir, podríamos sobreabundar en argumentos sobre el por qué asegurar que la lactancia materna sea promovida y defendida.
En esta línea, nos parece pertinente insistir en la responsabilidad de las instituciones en cuanto a asegurar condiciones dignas que garanticen el derecho a amamantar, en su doble dimensión: el derecho de la madre, y el derecho del niño, por todos los motivos ya enunciados. En este sentido, en el espacio de “lo público”, sus prácticas y cotidianeidades, debe existir una postura desde el propio estado, siendo este un facilitador y no un obstáculo para el libre y sano desarrollo de sus habitantes en su integral dimensión humana. Por ejemplo, un paso importante lo dio la Policía de Investigaciones de Chile PDI, institución que ha generado espacios cómodos, íntimos, higiénicos y seguros para que sus funcionarias puedan ejercer el derecho a amamantar, inaugurando un Lactario y capacitando a sus funcionarios/as, consagrándose como la primera Institución Lactivista del Estado. Es decir, es posible promover desde las instituciones públicas los derechos tanto de madres como de sus hijos/hijas. Ahora bien, este caso en particular nos habla de un derecho asegurado para
funcionarias de una institución pública, pero ¿Qué ocurre con las usuarias de las Instituciones, sean estas públicas o privadas?
La lactancia, al ser un derecho, debe ser ejercida en cualquier lugar, debe ser libre y protegida. Libre, en el sentido que no sea prohibida, coartada, y mucho menos sancionada. Debemos avanzar desde la sanción a la promoción, debemos educar en el respeto hacia quienes construirán el país a futuro. Por eso es que también hablamos de protección: debe ser consagrada como un derecho inalienable e inviolable. Y es el Estado, garante de derechos, quien debe promover en sus instituciones las conductas sanas en cuanto a la infancia, y debe a su vez influenciar a la empresa privada a seguir la misma línea. Es decir, debemos generar una cultura del respeto y de integración, de cuidado hacia la infancia, incluso de afecto hacia quienes viven todo el proceso de amamantar.
EL caso de Johana nos motiva a proponer una discusión nacional: El Estado de Chile debe hacerse cargo de propiciar espacios que le permitan a las mujeres sostener la lactancia materna por el tiempo que la OMS señala: 6 meses de manera exclusiva y complementada hasta mínimo los dos años. Estos espacios, como salas de lactancia y/o lactarios, deben ser parte de la infraestructura de todos los servicios públicos.
Somos cientos de mujeres quienes trabajamos en pro de este derecho, y vemos como un deber ético el proponer un nuevo trato. Creemos que el país puede pasar de la sanción a la promoción de la lactancia. Creemos en niños y niñas felices, y madres respetadas y responsables. Creemos que se puede, creemos que se debe.
Hoy, en medio de la discusión nacional sobre los derechos de los menores y el rol garante del Estado, invitamos al país a discutir sobre la lactancia, y a llegar a un gran acuerdo nacional sobre los derechos a garantizar. Sabemos que a la fecha existen a lo menos dos proyectos de ley que esperan ser debatidos en el Congreso Nacional; creemos que no se puede seguir esperando. Apelamos a que el legislativo recoja el sentir de miles de mujeres que hoy reclaman en contra de estas arbitrariedades. Que este sea el último caso de discriminación, eso deseamos. Y queremos ser parte no sólo de la denuncia, sino también de la solución. Para eso cuenten desde ya con nuestra experiencia y voluntad. Las mujeres de Chile lo merecen.
Por el derecho a la lactancia, por una crianza respetuosa y responsable.
Por los que vendrán.
ONG La Comunidad de la Leche
www.delaleche.com
Twitter: @comunidad_leche
Facebook: /ongcomunidaddelaleche
DESCARGA LA DECLARACIÓN EN PDF AQUÍ